La mejora regulatoria

La mejora regulatoria​


 

La regulación es central en la implementación de políticas públicas. Los instrumentos jurídicos suelen ser los que materializan gran parte de las decisiones del Estado, y su impacto es igual de importante al de la política fiscal y monetaria. Así pues, el desempeño económico y el bienestar social dependen, de manera importante, de la calidad de la regulación.

El buen uso de las normas impulsa el crecimiento económico, la creación de empleos, la eficiencia del estado y genera un entorno competitivo para las empresas, entre otras. El mal uso, en cambio, puede generar costos innecesarios: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la reducción de un 25% en los costos económicos de la regulación puede redundar en un incremento de 1,4 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto.

Con esto en mente, y en el marco del acceso de Colombia al grupo de países OCDE, el Departamento Nacional de Planeación hizo un análisis integral sobre la expedición de normas por parte del Gobierno Nacional durante lo corrido del siglo. Para ello utilizó novedosas técnicas de big data que permitieron estudiar y clasificar el contenido de cientos de miles de actos administrativos. Como resultado se identificó que, entre el 2000 y el 2016, se emitieron cerca de 95 mil normas, de los cuales casi 17.000 corresponden a decretos y 69.000 a resoluciones. Es decir que, en promedio, se publicaron cerca de 3 decretos, 11 resoluciones y 15 regulaciones por día. 

A la par, una línea de acción del DNP ha sido la de aumentar la transparencia y participación en los procesos regulatorios a través de la consulta pública. Lo anterior con el fin de fortalecer la confianza y efectividad de las diferentes intervenciones del Estado. Entre los avances de resaltar está la emisión del Decreto 270 de 2017, a través del cual las entidades nacionales deben someter a consulta pública la nueva regulación a emitir con por lo menos 15 días de anticipación. Un aumento significativo a los períodos de consulta que se daban anteriormente.

A partir del año 2018, se espera que el Gobierno Nacional implemente la política de mejora regulatoria estándar de OCDE, con lo que toda nueva regulación tendrá un sello de calidad y confianza. En la práctica esto implicará la obligatoriedad de la metodología del Análisis de Impacto Normativo para las normas que expide la Rama Ejecutiva del orden nacional.  Dicha metodología garantiza que, previo a la expedición de una nueva regulación, se realice un análisis económico que sustente que los beneficios sociales de esta superen sus costos. De lo contrario, la regulación no podrá ser emitida.

Así pues, con lo avanzado, es claro que la política de mejora regulatoria es hoy día ya una realidad en el país. Queda, eso sí, mucho camino por recorrer y en este se requerirá la colaboración de todas las entidades públicas y los ciudadanos. Pero ya con lo recorrido sabemos lo que se avecina para Colombia: una regulación que sea cada vez más razonable, transparente y, sobre todo, efectiva.​

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